El Kaype, la Arquitecta Municipal y el Gobierno de Llanes

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Hoy toca hablar un poco del culebrón -se tira/no se tira- y la deriva acerca de la presunta responsabilidad –tal y como quieren dar a entender desde el Gobierno Municipal- de la Arquitecta Municipal en el retraso del derribo de lo condenado en el caso Kaype.

El pasado 23 de Diciembre la Jueza que vio el caso Kaype dicta un Auto requiriendo a la Arquitecta del Ayuntamiento de Llanes a fin de que esta le emitiese un informe sobre si existe alguna razón técnica que impida la demolición de lo sentenciado.

Cinco días después, el 28 de Diciembre, tanto la Concejala de Urbanismo como el Concejal de Obras, María Covadonga García de la Llana y Juan Carlos Armas Sierra respectivamente, dieron rueda de prensa. Esto es, al día siguiente de que a la prensa se hubiese filtrado el reseñado Auto de la Jueza.

En esa rueda de prensa la Concejala de Urbanismo afirma:

“Se ve claramente que hay una manifiesta idea de retrasar los hechos y nosotros no lo podemos agilizar”

Dichas palabras acusatorias se referían tanto a la Arquitecta como al Secretario municipales, mientras que el “nosotros” iba referido a los políticos del Gobierno Municipal.

En lo que hace a la intervención de la Arquitecta Municipal hay una serie de cuestiones (de las que hasta ahora la opinión pública no sabe nada) que será bueno dar a conocer.

– El 19 de Mayo de 2016 la Concejala de Urbanismo requiere a la Arquitecta Municipal para que se persone en el Kaype y emita un informe sobre si las instalaciones que deben ser derribadas se encuentran o no desalojadas. La Arquitecta responde que eso excede sus atribuciones, si bien no tendría inconveniente en hacerlo si la acompañase personal jurídico municipal para que dicho personal deje constancia del desalojo o no de dichas instalaciones. La Concejala deniega ese apoyo jurídico municipal a la Arquitecta.

Entonces, y a pesar de serle negado el respaldo jurídico municipal, la Arquitecta Municipal accede a informar sobre la situación de las instalaciones que deben ser objeto de derribo.

Parece, pues, que la Arquitecta Municipal no paraliza nada. Tan sólo pide el apoyo para tener una garantía jurídica municipal que la respalde en sus actos… apoyo que le es denegado.

– El 20 de Junio de 2016 la Concejala de Urbanismo emite una Resolución para que la Arquitecta Municipal tres días después –el 23 de Junio- dirija el Precinto de las instalaciones que han de derribarse. Un día antes del señalado para el Precinto La Arquitecta Municipal solicita que se prorrogue el mismo al no disponer aún del Auto. Auto que la Arquitecta pide que se le haga llegar, así como vuelve a pedir asistencia jurídica municipal para que cuando tenga a su disposición el Auto pueda interpretarlo –con ayuda de esa asistencia jurídica municipal- de manera correcta y así evitar caer en un exceso o un defecto de lo que en concreto ordena derribar la Jueza ordena. El Gobierno Municipal, en vez de poner a disposición de la Arquitecta Municipal el Auto, lo que hace es entregarle una hoja que hace referencia a algunas partes del Auto, no a todo él. Tampoco en esta ocasión se atiende su solicitud de apoyo jurídico municipal.

Otro detalle más que parece evidenciar –al contrario de lo que sostiene el Gobierno Municipal públicamente- que la Arquitecta Municipal no tenía intención de andar paralizando nada es que, mientras esperaba a recibir o no el Auto, continúa dando pasos adelante y procede a analizar el proyecto de derribo presentado por la propiedad del Kaype así como a señalar las áreas que considera deben ser precintadas para su derribo, insistiendo (una vez más) en que eso sea estudiado por los servicios jurídicos municipales a fin de que se compruebe –desde el punto de vista jurídico- si es correcto lo que ella dispone y no vaya a ocurrir (como ya se ha dicho antes) que haya podido incurrir en un exceso o defecto sobre lo que debe ser derribado por sentencia.

Entonces es cuando el Gobierno llanisco le vuelve a negar cualquier tipo de respaldo jurídico municipal a la Arquitecta. Eso ocurrió en una reunión acaecida el 28 de Junio pasado y en la que estaban presentes tanto la Concejala de Urbanismo como el Alcalde.

– El 1 de Julio la Arquitecta Municipal emite un informe del proyecto de derribo y entiende, ya que para elaborar dicho informe debe partirse de interpretaciones normativas y de ejecución de sentencia, que es necesaria una interpretación jurídica del mismo. Posteriormente a esa reunión, se fija el 4 de Julio como nueva fecha para el precinto. Por tercera vez la Arquitecta Municipal solicita para tal labor el apoyo jurídico del Ayuntamiento. En esta ocasión desde el Gobierno Municipal ni siquiera se le da respuesta a su petición.

– Llegado el 4 de Julio, la Arquitecta –a pesar de esas repetidas negativas del Gobierno Municipal para respaldarla, a ella sus actuaciones y sus informes, jurídicamente- procede al precinto de las instalaciones. Aquí cabe repetir lo dicho antes: aún cuando la Arquitecta entiende que eso que le piden excede de sus funciones y de que desde el Gobierno Municipal se le deniega repetidamente el más mínimo respaldo jurídico, la Arquitecta cumple con el precinto. ¿Dónde está, pues, su “manifiesta idea de retrasar los hechos”?

Apuntar que previo a llevar a cabo el precinto, el 1 de Julio la Arquitecta Municipal emitía un informe del proyecto de derribo, volviendo a solicitar por cuarta ocasión -ya que para elaborar dicho informe debía partirse de interpretaciones normativas y de ejecución de sentencia- que era necesaria una interpretación jurídica del mismo.

– Nos situamos ahora en el 5 de Diciembre pasado. Ese día la Arquitecta Municipal recibe una resolución de la Concejala de Urbanismo con petición de un nuevo informe técnico del proyecto de demolición. La Arquitecta comprueba que desde que se fue nada ha cambiado con respecto al informe de derribo que ya había emitido el 1 de Julio, así como que la tan solicitada por ella asistencia jurídica municipal no se había producido en ese tiempo. Por tanto, y ya que entendía que no había habido ningún cambio, procede a remitir a la Concejala de Urbanismo al informe de derribo que ya había elaborado el 1 de Julio.

– El 13 de Diciembre la Concejala de Urbanismo directamente le solicita a la Arquitecta Municipal un informe del que elimine toda referencia a su consideración de que conviene que los servicios jurídicos municipales revisen su informe de demolición. También le pide que elimine de dicho informe cualquier referencia a que algunas obras realizadas en el edificio viejo podría haber la posibilidad de que se salvaran del derribo.

La Arquitecta responde que eso no es posible e incide –una vez más… ya son cinco las ocasiones- en reiterar su petición de verse respaldada en este asunto por los servicios jurídicos municipales, apoyo que vuelve a ser obviado por el Gobierno Municipal. Aún así la Arquitecta Municipal emite un informe en el cual y en lo referente al derribo emite criterio favorable al mismo, siempre y cuando sus consideraciones favorables a dicho derribo sean apoyadas por los servicios jurídicos de Urbanismo municipales. Es decir: nuevamente la Arquitecta Municipal vuelve a dar pruebas de no estar, precisamente, por la labor de paralizar ningún expediente de derribo.

– Al día siguiente es la TAG de Urbanismo –recordemos que unos párrafos más arriba quedó establecido que junto al Abogado Municipal eran las dos personas que podrían haber acometido el respaldo jurídico municipal tantas veces demandado por la Arquitecta- emite un informe jurídico en el cual concluye que ella carece de elementos solventes para emitir criterio alguno sobre el informe de derribo de la Arquitecta y propone que sea el Secretario Municipal el que lo haga.

-El pasado día 4 de Enero la Arquitecta Municipal, en respuesta al requerimiento de la Jueza informa de que no hay razón técnica que impida llevar a cabo la demolición y que por tanto informa favorablemente el proyecto de demolición presentado por la propiedad en cumplimiento de la orden judicial de demolición.

Eso sí, recuerda que quedan pendientes de resolución, el mantenimiento del sótano por motivos económicos, el mantenimiento de la distribución interior de las partes reformadas y el mantenimiento de zonas ampliadas puntuales por motivos estructurales y de seguridad. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte del expediente de legalización de las obras ampliadas en el edifico existente en la parcela 29 y/o reposición de obras de adecuación al estado original previo a la licencia anulada.

El informe de la Arquitecta Municipal concluye en establecer, en todo caso, un plazo de 15 días para el inicio de las obras de demolición.

Cuatro preguntas finales,

¿por qué el Gobierno Municipal ha negado en repetidas ocasiones –hasta cinco, al menos- el amparo de los servicios jurídicos a los actos que la Arquitecta Municipal lleva a cabo en cumplimiento de órdenes que recibe de ese Gobierno Municipal?

¿qué inconveniente hay en que una TAG de Urbanismo o un Abogado Municipal den cobertura legal a las actuaciones de un funcionario municipal para un derribo?

¿considera el Gobierno Municipal si la TAG de Urbanismo –dado que afirma en un informe carecer de elementos solventes para emitir criterio alguno sobre el informe de demolición del Kaype- tiene capacidad o no para respaldar legalmente los pasos que el Ayuntamiento y su personal den (en cumplimiento de las órdenes que reciben del Gobierno Municipal) en materia urbanística? teniendo en cuenta que cuando la TAG de Urbanismo concluye que ella carece de elementos solventes para emitir criterio alguno sobre el informe de derribo de la Arquitecta, no propone siquiera para esa labor al máximo responsable legal del Ayuntamiento, el Abogado Municipal, sino que propone pasar dicha responsabilidad al Secretario Municipal ¿considera el Gobierno Municipal que el Abogado Consistorial tiene capacidad o no para respaldar legalmente los pasos que empleados municipales dan en cumplimiento de las órdenes que reciben del Gobierno Municipal?

Puedo estar acertado o equivocado. Es sólo una opinión. Mi opinión personal.

Aquí alguien parece querer hacerle una fea encerrona a alguien.

5 Comentarios

  1. ¿Acaso la arquitecta no entra en el juego que persiguen los políticos del Consistorio y, pretenden anularla y perseguirla?
    ¿Qué preparación y oposición aprobada para el puesto que desempeñan, ampara a estos señores que hacen lo que les viene en gana?
    ¿Trabajan en realidad, para los ciudadanos del Concejo, o tal vez para ellos y sus intereses?
    ¿Qué poder omnímodo consiguen por pertenecer a las siglas de un partido, nada más?
    ¿Este es el modo de iniciar una nueva etapa, limpia de toda sospecha, según nos dicen?
    ¿ Ó, quizá se fundamentan en aquello de “escuchad lo que digo, no lo que hago?

  2. Queda bastante evidente que la TAG como el abogado consistorial y extendiendo también al alcalde que debe de ser conocedor y permisivo, que ningun político quiere responsabilidades, que son necesarias para tomar decisiones importantes y que afectan a los vecinos y al propio Ayuntamiento, y exige a trabajadores, en este caso la Arquitecta municipal a firmar como única responsable sin la muy necesaria asistencia jurídica.
    Pobres trabajadores, muchos sin condición política que solo intentan realizar su trabajo como es debido después de superar las pruebas precisas ( oposiciones) para el puesto.
    Señor@s politic@s hagan su trabajo , sean responsables y dejen que los profesionales hagan el suyo.

  3. Es que el abogado Consistorial está muy ocupado tocándose los huevos como para hacer algo que tenga que ver con su trabajo. No le va mal…Lleva así lo menos 20 años.

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