Una funcionaria denuncia la “absoluta dejación” del Gobierno del PSOE llanisco tras desoir ocho requerimientos contra el muro levantado en La Lavandera

El TAG de Urbanismo, Ignacio Vázquez, llegó a emitir dos informes al respecto de una situación que cuenta con trece expedientes sin resolver

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La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) denunció en el mes de febrero del año 2008 ante la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes la construcción de un muro de hormigón que originaba un fuerte impacto medioambiental en las inmediaciones del río Carrocedo, en Llanes. El muro mide más de 7 metros por encima de un talud de piedras de otros tantos metros y se levantó al tiempo que se desarrollaban obras incluidas en el plan parcial La Llavandera. Avall pidió entonces que se cumpliera la ley, que les dio la razón, y se restituyera a su estado anterior la zona alterada. El colectivo vecinal fue quien denunció, igualmente, que los terrenos que más tarde se parcelaron para construir viviendas -una de ellas fue paralizada-, se rellenaron con “lodos contaminantes extraídos de las obras del puerto deportivo”.

Aquello sucedió hace nueve años. El mismo tiempo que los gestores del Ayuntamiento de Llanes no dieron cumplimiento a los expedientes que urgían la legalidad urbanística de la zona y proponían procedimientos sancionadores al promotor de aquel plan parcial, el muro y las parcelas. Un informe realizado ahora por la actual TAG de Urbanismo del Consistorio, María Antonio Vigón Rodríguez, propone que sea el anterior TAG, Ignacio Vázquez, quien haga “la instrucción” del expediente “puesto que es quien resulta ser conocedor del asunto y de las razones por las cuales no se llegó a tramitar lo que la normativa de aplicación obliga”.

La petición ha sido atendida por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, quien ya ha dado traslado de la misma mediante una Resolución fechada el día 24 de marzo de 2017.

La trabajadora municipal tacha de “absoluta dejación” de la Administración local en su labor por restaurar la legalidad urbanística del territorio, y subraya también “la pasividad mostrada ante los sucesivos requerimientos de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente”.

Trece expedientes sin resolver

La historia se inició el 7 de marzo de 2008, cuando el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo comunicó al Ayuntamiento de Llanes el escrito de denuncia formulado por Avall al tiempo que solicitaba un informe al respecto de la obra que se había ejecutado, según Avall, sin ajustarse a la ley.

Sobre aquello, según refleja la trabajadora municipal en su informe, “se han encontrado en este Servicio de Urbanismo a fecha de hoy” hasta trece  expedientes “que datan del año 2008 hasta 2013” y que “guardan entre ellos identidad sustancial o íntima conexión”. Se acumularon, dice la funcionaria, “con la finalidad de que sean resueltos en un único acto administrativo”. Sin embargo, continúa, “desde el año 2008 hasta el 22 de enero” de 2017 “constan en los diversos expedientes escritos del director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como de la jefa del servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, interesando informe sobre las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Llanes en relación al muro de contención sito en La Lavandera, Pancar”.

Ocho requerimientos sin cumplir

La TAG señala hasta ocho requerimientos de los dirigentes regionales, dos de 2008, uno de 2009, uno más de 2011, otro de 2013, uno de junio de 2016 y el último, el del 22 de enero de 2017. Ante todos ellos, “obran en los expedientes localizados por el personal auxiliar adscrito al servicio de Urbanismo” un informe del anterior TAG, Ignacio Vázquez, emitido el 25 de febrero de 2010 en el que “propone”, entre otras cosas, “la paralización inmediata de las obras que la mercantil La Lavandera S.L” realizaba en la zona denunciada -una vivienda unifamiliar-. Si el empresario hiciera caso omiso a la petición “podría constituir un delito de desobediencia” recogido en el Código Penal. Además, Vázquez señaló en ese informe que la empresa debería, en el plazo de dos meses, solicitar una licencia para legalizar lo “indebidamente construido” o demolerlo si no fuera posible su legalización.

Sin embargo, desde la Concejalía delegada de Urbanismo, no se obró en consecuencia del escrito del funcionario.

Así, de nuevo el mes de mayo de 2013, Vázquez emitió un informe dirigido al representante legal de La Lavandera en donde daba “un plazo de dos meses” para que “se proceda, respecto de muro de contención (…) a la restauración del terreno a su estado original presentado al efecto el proyecto correspondiente”. Igualmente, el trabajador municipal plantaba “incoar expediente sancionador para determinar las responsabilidades a que hubiera lugar por la presunta comisión de una infracción urbanística y la imposición, en su caso, de las oportunas sanciones”. Otorgaba diez días para recibir alegaciones.

Tampoco existió, dice la TAG de Urbanismo actual, “resolución al respecto” por parte de los responsables del Gobierno municipal.

Con la emisión de este último informe, hecho público hace cuatro años por Avall, la agrupación vecinal acusó al Consistorio y a sus gobernantes de “connivencia y trato de favor” con el promotor.

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