El programa Actívate del Ayuntamiento de Llanes y la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común

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Hace poco tiempo leí una noticia sobre la puesta en marcha, el verano pasado, del programa Actívate en el Ayuntamiento de Llanes para el inicio de una formación teórica en Informática. En realidad, el programa Actívate es una iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias co-financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal.

El programa tiene como finalidad: «que los asistentes adquieran habilidades para su inserción en el ámbito laboral y mejoren sus capacidades. Al término del programa, el alumnado obtendrá un certificado de profesionalidad», según se informa en la web oficial del Ayuntamiento de Llanes sobre una convocatoria concreta del mencionado programa.

En la foto que acompaña a esa misma publicación se puede ver una foto de una de esas clases teóricas donde se ve, claramente, que todos los participantes –mentores, monitores, y alumnos– son evidentemente jóvenes. De ahí saco la conclusión de que el programa abarca, principalmente, a gente joven que se encuentra en la búsqueda de un futuro profesional.

Huelga decir que siempre apoyo todo ese tipo de actividades que fomentan la mejora del conocimiento en tecnología. Es bueno invertir dinero en aquello.

Aprovechando este asunto del programa Actívate, me gustaría destacar, una vez más y en otro artículo más, la importancia que tiene la tecnología para cualquier estrato de la sociedad; en cualquier edad y en cualquier situación de la vida.

Como ya reiteré en muchas ocasiones, la entrada de la telefonía móvil en el mundo de la conectividad, en el mundo de Internet, fue el hecho que ha logrado que todo el mundo haya caído por completo en una dependencia de la tecnología; la conexión a Internet «everywhere» ha alcanzado a jóvenes, mediana edad, y tercera edad.

El acceso a la tecnología informática, sobre todo en lo referente a la conexión a Internet, va cogiendo cada vez más peso y empieza a entrar en el camino de «obligar» a desenvolverse en ese mundo. Pongo un ejemplo: el 2 de octubre de 2016 entró en vigor la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero no entró en su totalidad, sino que el acceso general electrónico de la Administración y el Archivo Único Electrónico entran en vigor el 2 de octubre de 2018 ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, y si voy al grano, que la tramitación electrónica se transforma en derechos para unos y obligaciones para otros. En el apartado de obligaciones, por ejemplo, Notarios y Registradores estarán obligados a establecer una relación electrónica con la Administración; en realidad toda personalidad jurídica estará obligada a comunicarse telemáticamente con la Administración. Y entre los derechos, se encuentra que las administraciones públicas estarán obligadas a ofrecer al ciudadano o persona física la totalidad de sus trámites por vía electrónica; las personas físicas podrán decidir si desean comunicarse o no por vía electrónica con la Administración.

El nuevo derecho que recibe el ciudadano insta a la posibilidad de ejecutar cualquier trámite desde su casa por vía telemática, y la consecuencia es que las diferentes administraciones tienen que activar la disponibilidad de la totalidad de trámites por vía telemática. Esto es una gran ventaja, ya que ninguna persona tendrá obligación de pasar por «ventanilla» en determinados trámites, algo positivo para municipios donde un pueblo puede estar alejado de su Ayuntamiento.

Para hacer buen uso de las novedades legislativas y acceder a sus beneficios, habrá que estar al día en lo que a tecnología informática refiere en cualquier etapa de la vida; en muchos casos será necesario contar con la disponibilidad de más programas del estilo de Actívate.

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