El Kaipe, el PSOE y sus paradojas

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La indemnización solicitada por la propiedad del Hotel Kaipe, recientemente conocida, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los casos más importantes, sino el que mas, de mala praxis política con unas consecuencias que pueden resultar desastrosas para los más de trece mil habitantes del concejo de Llanes. A raíz de la noticia, hemos asistido al enésimo enfrentamiento entre PSOE y cuatripartito, con el habitual cruce de reproches y acusaciones.

En Podemos Llanes consideramos que la critica debe ser lo más objetiva posible, y siempre constructiva, con el ánimo de mejorar las acciones que no se han realizado de la mejor manera. El problema es que la vieja política no está acostumbrada a construir de manera colaborativa y es presa del partidismo sectario que únicamente busca el rédito electoral a costa de lo que sea necesario. Alejado desde hace tiempo de una labor constructiva en pro del beneficio común de los llaniscos, el PSOE local ha quedado cada vez más aislado, instalado en una política de la confrontación y el exceso propios de los partidos de la derecha nacional, que buscan el rédito electoral a base de titulares grandilocuentes, excesivos y cargados de arbitrariedad. La relación de hechos del caso Kaipe es tan vergonzoso para los socialistas llaniscos, que resulta sorprendente ver como no se mantienen en un discreto silencio, sino que hacen alarde de una suerte de razón para la cual no dudan en apoyarse en argumentos que, en algunos casos, evidencian no solo su falta de ética y vergüenza, sino un desprecio por la legalidad preocupante. Con esos ropajes, lo de pedir perdón o asumir responsabilidades políticas, no tiene sentido ni mencionarlo.

En una sucinta relación de hechos, recordaremos que el gobierno socialista de Llanes, presidido por Álvarez Campillo, concedió, en 2012, una licencia para la agrupación de fincas que conformaron el solar sobre el que, posteriormente, se edificó la ampliación del Kaipe. Esa licencia de obras se concedió en 2013 y contó con las firmas de la mencionada alcaldesa, su concejal de urbanismo y actual líder del PSOE, José Herrero, y el entonces arquitecto municipal interino, Ángel Rami, que informó favorablemente de la operación.

En 2013, se producen las primeras denuncias contra la concesión de la licencia y se abre un proceso judicial que concluye, en 2015, con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, declarando ilegal la concesión de ambas licencias, ilegalizable parte de la obra llevada a cabo y su demolición, con mandato judicial ordenando la ejecución de la sentencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo ratificaba, en 2016, la orden de demolición.

El actual cuatripartito llanisco ejecutó dicha sentencia y procedió al derribo, que se llevó a cabo durante varios meses de 2017.

Hasta aquí la relación resumida de los hechos, a partir de aquí, las interpretaciones. Comenzaba este artículo haciendo mención al cruce de declaraciones que estos días hemos visto entre la agrupación socialista de Llanes y el cuatripartito, y uno no puede más que desconcertarse ante las interpretaciones más que interesadas de quienes, en su día, concedieron las licencias ilegales.

Se mantiene por parte del PSOE que, una vez sentenciado que no hubo prevaricación por parte del concejal de urbanismo y actual candidato José Herrero, y del arquitecto interino, la responsabilidad de que haya que indemnizar a los propietarios es del cuatripartito, por no haber seguido la tramitación del PGOLL impulsado por el PSOE.

Tenemos aquí el ejemplo sobre lo que anteriormente calificaba como “desprecio por la legalidad” y es que, no importa que la propia jueza que ordenó derribar el Kaipe rechazara ya, hace dos años, “legalizar en todo o en parte las obras ejecutadas al amparo de la licencia anulada», pues lo fue «en su integridad».  Lo que brillantemente ahora se le ocurre al PSOE, es que si el cuatripartito hubiese cambiado la planificación urbanística modificando la calificación de la parcela, se podría haber legalizado la actuación llevada a cabo, impidiendo con ello la demolición y ahorrándose el Ayuntamiento la indemnización a la que se enfrenta. Es decir, lo que nos dicen los socialistas llaniscos es que, en lugar de que los proyectos se adecuen a la normativa urbanística, a la Ley, es la Ley la que debe amoldarse a los proyectos de particulares, en una suerte de urbanismo a la carta tan gustosamente practicado por el Partido Popular valenciano, balear o madrileño, entre otros.

Pero, tratando de razonar con objetividad, ¿La modificación del planeamiento urbanístico existente en el momento de los hechos, puede evitar el cumplimiento de una sentencia de esta naturaleza?. ¿Es tan sencillo como modificar el planeamiento existente en su momento y ya no habría que pagar la indemnización millonaria que reclaman los propietarios? Pues bien, resulta evidente que una interpretación de esta naturaleza echa por los suelos principios como el derecho a la tutela judicial efectiva, pero yendo a la pregunta que nos hacemos, sabemos, por un lado, que el Tribunal Supremo, en el Fundamento de Derecho Cuarto de su Sentencia de la Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de Julio, de 2005, manifiesta: «es jurisprudencia de este Tribunal Supremo la que afirma con reiteración que tratándose de obras realizadas al amparo de una licencia que contraviene normas urbanísticas, la anulación de ésta comporta la obligación de demolición de aquélla».

Todavía más claramente se manifestó, por otro lado, el Tribunal Constitucional en su Sentencia de, 26 de Enero, de 2009: «En efecto, tomando en consideración que el principio general es la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y que, sólo de forma excepcional cuando, en los términos previstos legalmente, concurran circunstancias de imposibilidad legal o material, debidamente justificada, cabe inejecutar o suspender su cumplimiento. No puede admitirse que suponga un supuesto de imposibilidad legal o material la mera expectativa de un futuro cambio normativo, toda vez que ello no implica alteración alguna de los términos en los que la disputa procesal fue planteada y resuelta.» Añadiendo finalmente: “Pues bien, tal como señala el Ministerio Fiscal, debe concluirse que la decisión judicial de suspender la demolición acordada en Sentencia firme, en expectativa de una futura modificación de la normativa urbanística que, eventualmente, la legalizara, supone una vulneración del art.24.1 de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a la ejecución de la resoluciones judiciales firmes en sus propios términos”.

Así las cosas, la intención de modificación del planeamiento para dar legalidad a un proyecto irregular no solo carece de validez jurídica sino, y sobre todo, carece de ética política. Ética política que brilla por su ausencia cuando, la audaz Campillo, animó a la propiedad a solicitar una indemnización al cuatripartito, recordemos, por una licencia ilegal por ella concedida. Insultante paradoja. Si hace falta que el Ayuntamiento de Llanes se colapse con una indemnización millonaria, que perjudique a miles de ciudadanos, que así sea.

En el momento actual, le toca ahora al equipo de gobierno afrontar esta situación y pelear por el interés general de los llaniscos, tarea que seguramente deberá continuar la futura corporación, tras el próximo 26 de mayo.

En este sentido, existen sentencias recientes del Tribunal Supremo, como la del 10 de julio de 2018 de la sección 5 de la Sala de lo Contencioso, que deniega el derecho a recibir una indemnización si esta se solicita fuera del plazo de un año, a contar desde la sentencia firme de la orden de derribo, caso que podría aplicarse a nuestro Kaype y que parece dar un halo de esperanza a los llaniscos, evitando la paralización de inversiones y el endeudamiento al que a buen seguro nos veríamos abocados.

Pero la sucesión de declaraciones es, en ocasiones, paradójica, y cuando aún no se han terminado de escribir estas líneas, uno lee con cierta sorpresa un artículo publicado en prensa del actual candidato socialista, José Herrero, cargado de palabras bienintencionadas con las que, objetivamente, reconocemos estar sustancialmente de acuerdo. Sin duda, tal como trasmite el autor, trabajar para propiciar un cambio en las relaciones entre las diferentes fuerzas políticas en busca del consenso y el bien común, es algo que no solo compartimos en Podemos Llanes, sino que reclamamos de manera prioritaria.

En efecto, desde nuestra constitución como Grupo de Trabajo Municipal, hemos dejado bien claro que Llanes necesita un cambio de rumbo, un cambio que deben impulsar las diferentes formaciones políticas, dando ejemplo de colaboración y cooperación. En una sociedad local dividida por un partidismo basado en la confrontación y no en la construcción, se hace más que nunca necesaria la aparición de nuevos proyectos políticos y nuevos protagonistas, cuya orientación sea el respeto a las ideas de quien piensa diferente y la búsqueda del consenso, un consenso que permita sacar adelante proyectos comunes que favorezcan al conjunto de los vecinos y vecinas de Llanes.

Resulta pues, chocante, que esas palabras vengan de quien representa a una formación que carga con la losa de una gestión basada en el clientelismo y la mala práxis, con varios exconcejales inhabilitados para la función pública por prevaricación y procedimientos judiciales aún por producirse. Pocos días antes de su artículo, el propio Herrero, junto con la exalcaldesa Campillo, eran noticia por haberse solicitado su condición de imputados, por prevaricación, en la contratación irregular del antiguo arquitecto municipal.

Podría darse así el bochornoso espectáculo de que el Partido Socialista presente como candidato a la alcaldía a un imputado por prevaricación. Pero como, al igual que Manuela Carmena, nosotros también creemos en la redención, esperamos que el Secretario de la Agrupación Socialista haga buen uso de sus propias palabras, cediendo el paso a quien sí pueda liderar un proyecto renovado que permita superar “los errores del pasado” para “normalizar la vida política municipal y que el Ayuntamiento vuelva a ser útil para  los vecinos”. Res non verba.

Diego Ruiz de la Peña Ruiz

co-Portavoz de Podemos Llanes

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