El Principado aprueba el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, uno de sus principales compromisos para la regeneración democrática

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 El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno, tras haber sido sometido al proceso de información y audiencia públicas, y a la evaluación de los organismos  pertinentes, que culminó con un dictamen favorable emitido por el Consejo Consultivo el pasado 7 de julio. La normativa ha superado, por tanto, un riguroso procedimiento administrativo y técnico en el que han participado más de 80 actores entre colectivos y asociaciones, organizaciones expertas en transparencia y las comisiones de la Administración autonómica.

Tras el proceso de información pública, que finalizó el 11 de marzo, el anteproyecto fue enviado a 71 colectivos, organizaciones y asociaciones, entre ellas, los agentes sociales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Fundación CTIC y organismos independientes especializados en esta materia como Access Info y las fundaciones Pro-Acceso y Civio.

La ley ha sido evaluada, entre otros, por la Comisión Asturiana de Administración Local y los consejos de Transparencia y Buen Gobierno, Económico y Social (CES) y Consultivo. Cuenta, además, con el preceptivo informe de impacto de género.

El Ejecutivo asturiano cumple uno de sus principales compromisos en materia de regeneración democrática con la aprobación del anteproyecto, que supera el marco legal de ámbito nacional y será de obligado cumplimiento no sólo para el Gobierno autonómico, sino también para las entidades locales, los organismos y entes públicos dependientes de ambas administraciones,  la Universidad de Oviedo, las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio, colegios profesionales, etcétera), las sociedades mercantiles en cuyo capital social sea mayoritaria la participación de la Administración del Principado o las entidades locales, las fundaciones y entes del sector público, las asociaciones de administraciones públicas, con excepción de aquellas en las que participe la Administración del Estado; la Junta General del Principado, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo.

Además, y en lo que se refiere a la publicidad activa, sus directrices también se aplicarán a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico, a las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores y las fundaciones que dependan de ellos, así como a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 30.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos alcance un mínimo de 3.000 euros.

Precisamente es en este apartado donde la nueva ley endurece la legislación básica, ya que incluye diez bloques temáticos que deben someterse a información pública frente a los tres de la norma estatal. Así, entre los nuevos datos sujetos a publicación las agendas institucionales de los titulares de órganos directivos del sector público y también de los órganos de asesoramiento y apoyo; los gastos de representación y protocolarios; los contratos menores a partir de 1.500 euros, IVA excluido, cuando la normativa estatal no concreta ningún límite; los acuerdos del Consejo de Gobierno; los saldos de las cuentas bancarias con titularidad de la Administración del Principado y el sector público autonómico; las operaciones de arrendamiento financiero, de préstamos, crédito y emisiones de deuda pública realizas por las entidades del sector público.

La ley incluye un régimen sancionador para altos cargos en materia de transparencia y prevé la creación de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, así como de un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos.

El régimen sancionador estipula, en el caso de infracción muy grave por parte de los altos cargos, la imposición de una multa por importe de uno a tres meses de sueldo, la destitución del puesto o la inhabilitación por un período de entre de cinco y diez años.

La Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción se encargará, entre otros asuntos, de gestionar las diligencias informativas que se deriven de las denuncias ciudadanas recibidas a través del nuevo canal ético, que tendrá formato electrónico y al que se accederá a través del Portal de Transparencia. Esta medida permitirá a cualquier persona, garantizando su confidencialidad, comunicar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos de los que pudiera derivarse responsabilidad administrativa, contable o penal.

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, comparecerá a petición propia en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la Junta General del Principado para informar sobre el contenido de esta ley en su tramitación parlamentaria.

 

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